El Gobierno nacional ampliará el temario de sesiones extraordinarias para incorporar un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas. La medida será oficializada mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial y que, además, extenderá el período de extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
La decisión se produce luego de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que la obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y posteriormente ratificada por los dos tercios de ambas cámaras. En paralelo, el Gobierno mantuvo reuniones con autoridades del sistema universitario en busca de una salida política al conflicto.
Según confirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo a LA NACION, la ampliación del temario apunta a encauzar la discusión presupuestaria en el ámbito legislativo y desactivar los frentes judiciales abiertos, en un contexto de creciente tensión con las universidades públicas.
La iniciativa oficial no implicará la aplicación directa de la ley vigente, sino la presentación de un nuevo proyecto que modifique el esquema actual. Desde la Casa Rosada señalaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”, en línea con la premisa de equilibrio fiscal que sostiene la administración libertaria como eje de su programa económico.
El movimiento político se produce después de que el oficialismo consiguiera en el Congreso la aprobación de la reforma laboral en el Senado, así como la media sanción de la ley penal juvenil y el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Diputados. Con esos avances legislativos, el Ejecutivo definió sumar el financiamiento universitario al temario extraordinario para intentar bajar el nivel de conflictividad con el sector académico.
El conflicto se había profundizado tras la negativa del Gobierno a aplicar la ley ya ratificada por el Congreso y el posterior intento fallido de derogarla. Frente a ese escenario, el Ejecutivo abrió un canal de diálogo con las universidades para impulsar una nueva norma que reemplace a la anterior en lugar de eliminarla.
En ese marco, días atrás el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a las universidades públicas del país.
Del encuentro participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN. Tras la reunión, Greco afirmó que “fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta” y expresó que se retiraron “con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”.
En la misma línea, Bartolacci sostuvo que, aunque “son muchos los temas que quedan por resolver”, el encuentro representó “un paso en la dirección correcta”.
Por su parte, Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, aclaró que la iniciativa partió del Gobierno. “La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó.
La estrategia oficial busca concentrar en un solo movimiento la redefinición del esquema presupuestario universitario y la contención del frente judicial. La clave estará en el contenido del nuevo proyecto y en si logra reunir consensos suficientes en el Congreso sin comprometer el objetivo de superávit fiscal que el Ejecutivo considera innegociable.
FUENTE: MISIONES ONLINE
