Crece el conflicto entre las provincias y Gobierno nacional por la caída de la coparticipación

La relación entre los gobernadores y la Casa Rosada atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La preocupación por el fuerte recorte en los fondos coparticipables unió a los 24 mandatarios provinciales —sin distinción política— en una inédita ofensiva que, por ahora, se debate entre agotar las vías de negociación o escalar el conflicto en el Congreso.

La escena que graficó el punto de ebullición ocurrió esta semana en el piso 21 de las nuevas oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Puerto Madero. Desde allí, con una vista privilegiada del Río de la Plata, se desarrolló una reunión tensa entre los mandatarios provinciales y dos funcionarios clave del Ejecutivo nacional: Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Lisandro Catalán, principal asesor del jefe de Gabinete. “Si estamos todos acá es porque estamos preocupados”, lanzó sin rodeos Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero y una de las voces más enérgicas del encuentro.

Zamora fue quien tomó la posta en nombre del resto de sus pares, con un mensaje claro: la situación financiera de las provincias se vuelve insostenible. “Todos estamos peor que antes”, coincidieron varios asistentes. La caída de la coparticipación, los retrasos en el envío de fondos discrecionales y la paralización de obras públicas alimentan un malestar que se extiende desde el norte al sur del país.

Semanas atrás, en ese mismo edificio, los gobernadores habían solicitado una audiencia con la Nación que se concretó con la presencia de Guillermo Francos. Allí comenzó a delinearse el reclamo unificado: exigir una distribución más equitativa del Impuesto a los Combustibles Líquidos y una asignación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sin la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Ante la falta de respuestas, esta semana los 24 mandatarios —incluido Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene representante en el CFI— firmaron un proyecto de ley que propone eliminar los fondos fiduciarios asociados a los combustibles, ampliar el porcentaje de distribución para las provincias y establecer criterios objetivos en el reparto de los ATN. La intención de varios es ingresarlo cuanto antes en el Senado, aún sin respuesta definitiva del Ejecutivo.

En ese contexto, la situación se agrava con datos duros. En mayo, las provincias registraron la peor caída interanual de recursos coparticipables desde la pandemia. Si la tendencia continúa, para fin de año habrán perdido cerca de $7,4 billones en comparación con 2023. “Algunos no podemos pagar los sueldos y otros están usando sus ahorros para cubrir gastos básicos”, admitió un gobernador del centro del país. En Entre Ríos, por ejemplo, Rogelio Frigerio tomó una medida drástica: congeló los salarios de toda la administración pública.

Mientras tanto, algunos mandatarios exploran vías alternativas. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, logró colocar bonos por USD 725 millones para sostener un plan de obras. Sin embargo, debió pagar una tasa elevada, casi del 10%, debido al riesgo país. La medida fue celebrada con cautela por sus pares, conscientes de que no todos cuentan con margen para acudir al mercado internacional.

A pesar del frente común, hay diferencias internas sobre cómo continuar. Algunos, como Zamora, Frigerio, Cornejo y Torres, promueven seguir dialogando, al menos por unos días más. Otros, más impacientes, impulsan el ingreso inmediato del proyecto de ley al Congreso. “La estrategia de patalear públicamente no sirve. Hay que arrinconar al Gobierno con hechos concretos”, sostuvo uno de los mandatarios.

El consenso, sin embargo, parece estar en riesgo. Corrientes, por ejemplo, quedó en una posición ambigua: el gobernador Gustavo Valdés no asistió al último encuentro del CFI, aunque sí firmó el documento. Trascendió que anunciaría un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, lo que en la práctica debilitaría la unidad de los 24. “Hay que evitar romper esa alianza”, advirtió un operador provincial. La unidad es vista como el único escudo ante el ajuste y el deterioro de las autonomías provinciales.

El Ejecutivo, por su parte, no ha dado señales claras. En la reunión del CFI, Guberman y Catalán evitaron compromisos concretos y se limitaron a prometer que “analizarán” los pedidos. Pero el trasfondo es complejo: rutas intransitables, paralización de obras estratégicas —como en Vaca Muerta—, municipios en crisis y una sociedad cada vez más impaciente.

Para colmo, el presidente Javier Milei no evitó la confrontación. En una cena con empresarios, sostuvo que la presión fiscal de las provincias superaba a la de la Nación. La afirmación fue rápidamente desmentida por los gobernadores con un informe del Instituto ARCA, que evidenció lo contrario: mientras la presión tributaria nacional aumentó un 0,2%, la de las provincias descendió un 0,3%.

Los próximos días serán decisivos. La tensión entre las provincias y la Nación se encamina a una fase crítica. Si el proyecto se presenta en el Senado, el oficialismo deberá afrontar una disputa que puede romper el equilibrio político que hasta ahora lo sostuvo. Mientras tanto, los mandatarios siguen en contacto, evaluando estrategias y advirtiendo que la paciencia, al igual que los recursos, se agota.

Fuente: Misiones Online