Las auditorías a las pensiones por discapacidad continuarán pese a la incertidumbre por las modificaciones en los baremos dispuesta por el Gobierno na
La Agencia Nacional de Discapacidad (AND) derogó la Resolución 187/2025, que establecía el Baremo 2025 para la evaluación de invalidez en pensiones no contributivas, debido a observaciones técnicas y la necesidad de alinear los criterios con normativas internacionales. En este contexto, Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, analizó la derogación. Señaló que la eliminación de criterios obsoletos como “idiota” o “retrasado” es positiva, pero la falta de una nueva escala de valores genera incertidumbre.
Aunque Antúnez destacó que mientras la AND trabaja en una nueva reglamentación, los médicos auditores aplican criterios propios, lo que afecta a miles de beneficiarios. La preocupación principal radica en la falta de claridad en los procedimientos y la desinformación que circula, y esto podría dejar a muchas personas vulnerables sin sus pensiones.
Antes de analizar la medida, Antúnez aclaró la manera en la que enfrentan cada nueva decisión de la Agencia Nacional desde el Consejo Provincial: “Constantemente estamos tratando de actualizarnos con la información, sobre todo en estos últimos tiempos que han cambiado muchísimo constantemente”.
“En principio, para nosotros puede ser una puerta de esperanza de que se haya derogado la utilización de este modelo médico para la evaluación. Se utilizaban conceptos como idiota, imbécil, débil mental para referirse a personas con discapacidad intelectual en la evaluación; pero a la vez se da una baja de este decreto sin dar una alta de nuevos criterios. Entonces, lo que sucede es que las auditorías continuas quedan sin un criterio claro de evaluación. A partir de hoy, los médicos que están realizando las auditorías pueden tomar criterios propios porque tenemos un vacío legal hasta que la Agencia Nacional establezca un nuevo criterio médico más acorde y adecuado para las evaluaciones. Tiene su ventaja, pero también estamos en una situación de incertidumbre al no saber específicamente cuáles van a ser los nuevos criterios”, explicó Antúnez.
En este sentido, aclaró que, a pesar de la derogación “las auditorías continúan. Lo único que se deja sin efecto son los criterios médicos de la evaluación”. En este punto, especificó: “Se deroga ese decreto, pero lo demás sigue vigente. Esta mañana en una consulta a la Agencia Nacional, nos manifestaron que todo sigue de la misma manera, pero que la Agencia está trabajando en un nuevo Baremo. Para nosotros esto no garantiza la transparencia en el proceso de evaluación”.
En consecuencia, repasó “El Baremo anterior era bastante anticuado en algunos términos, obsoleto y también vulneraba ciertos derechos y, de alguna manera, al ser tan inflexible excluía a cierta población de esta evaluación, hoy no hay ningún criterio”.
Esta falta de criterios definidos genera, según Antúnez, preocupación: “Hoy estamos esperando. La Agencia Nacional nos manifestó esta mañana que están trabajando en un nuevo baremo. Esa es la respuesta de la Agencia Nacional”.
Ante esta situación sostuvo: “Es una incertidumbre para todos, para los equipos que están trabajando en este proceso de evaluación para nosotros, de las instituciones que nos vienen a consultar y también para las personas, porque no hay un procedimiento claro, porque en este proceso de cambio, al no establecer y no anticiparse a las situaciones, generás un nivel de incertidumbre enorme en personas que están en situación de vulnerabilidad y que ya desde hoy están con mucha incertidumbre porque no les llegan las cartas de documento, porque no pueden acceder a la información”.
Antes de analizar la medida, Antúnez aclaró la manera en la que enfrentan cada nueva decisión de la Agencia Nacional desde el Consejo Provincial: “Constantemente estamos tratando de actualizarnos con la información, sobre todo en estos últimos tiempos que han cambiado muchísimo constantemente”.
“En principio, para nosotros puede ser una puerta de esperanza de que se haya derogado la utilización de este modelo médico para la evaluación. Se utilizaban conceptos como idiota, imbécil, débil mental para referirse a personas con discapacidad intelectual en la evaluación; pero a la vez se da una baja de este decreto sin dar una alta de nuevos criterios. Entonces, lo que sucede es que las auditorías continuas quedan sin un criterio claro de evaluación. A partir de hoy, los médicos que están realizando las auditorías pueden tomar criterios propios porque tenemos un vacío legal hasta que la Agencia Nacional establezca un nuevo criterio médico más acorde y adecuado para las evaluaciones. Tiene su ventaja, pero también estamos en una situación de incertidumbre al no saber específicamente cuáles van a ser los nuevos criterios”, explicó Antúnez.
En este sentido, aclaró que, a pesar de la derogación “las auditorías continúan. Lo único que se deja sin efecto son los criterios médicos de la evaluación”. En este punto, especificó: “Se deroga ese decreto, pero lo demás sigue vigente. Esta mañana en una consulta a la Agencia Nacional, nos manifestaron que todo sigue de la misma manera, pero que la Agencia está trabajando en un nuevo Baremo. Para nosotros esto no garantiza la transparencia en el proceso de evaluación”.
En consecuencia, repasó “El Baremo anterior era bastante anticuado en algunos términos, obsoleto y también vulneraba ciertos derechos y, de alguna manera, al ser tan inflexible excluía a cierta población de esta evaluación, hoy no hay ningún criterio”.
Esta falta de criterios definidos genera, según Antúnez, preocupación: “Hoy estamos esperando. La Agencia Nacional nos manifestó esta mañana que están trabajando en un nuevo baremo. Esa es la respuesta de la Agencia Nacional”.
Ante esta situación sostuvo: “Es una incertidumbre para todos, para los equipos que están trabajando en este proceso de evaluación para nosotros, de las instituciones que nos vienen a consultar y también para las personas, porque no hay un procedimiento claro, porque en este proceso de cambio, al no establecer y no anticiparse a las situaciones, generás un nivel de incertidumbre enorme en personas que están en situación de vulnerabilidad y que ya desde hoy están con mucha incertidumbre porque no les llegan las cartas de documento, porque no pueden acceder a la información”.
(Fuente: Misiones Online)
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Aunque Antúnez destacó que mientras la AND trabaja en una nueva reglamentación, los médicos auditores aplican criterios propios, lo que afecta a miles de beneficiarios. La preocupación principal radica en la falta de claridad en los procedimientos y la desinformación que circula, y esto podría dejar a muchas personas vulnerables sin sus pensiones.
Antes de analizar la medida, Antúnez aclaró la manera en la que enfrentan cada nueva decisión de la Agencia Nacional desde el Consejo Provincial: “Constantemente estamos tratando de actualizarnos con la información, sobre todo en estos últimos tiempos que han cambiado muchísimo constantemente”.
“En principio, para nosotros puede ser una puerta de esperanza de que se haya derogado la utilización de este modelo médico para la evaluación. Se utilizaban conceptos como idiota, imbécil, débil mental para referirse a personas con discapacidad intelectual en la evaluación; pero a la vez se da una baja de este decreto sin dar una alta de nuevos criterios. Entonces, lo que sucede es que las auditorías continuas quedan sin un criterio claro de evaluación. A partir de hoy, los médicos que están realizando las auditorías pueden tomar criterios propios porque tenemos un vacío legal hasta que la Agencia Nacional establezca un nuevo criterio médico más acorde y adecuado para las evaluaciones. Tiene su ventaja, pero también estamos en una situación de incertidumbre al no saber específicamente cuáles van a ser los nuevos criterios”, explicó Antúnez.
En este sentido, aclaró que, a pesar de la derogación “las auditorías continúan. Lo único que se deja sin efecto son los criterios médicos de la evaluación”. En este punto, especificó: “Se deroga ese decreto, pero lo demás sigue vigente. Esta mañana en una consulta a la Agencia Nacional, nos manifestaron que todo sigue de la misma manera, pero que la Agencia está trabajando en un nuevo Baremo. Para nosotros esto no garantiza la transparencia en el proceso de evaluación”.
En consecuencia, repasó “El Baremo anterior era bastante anticuado en algunos términos, obsoleto y también vulneraba ciertos derechos y, de alguna manera, al ser tan inflexible excluía a cierta población de esta evaluación, hoy no hay ningún criterio”.
Esta falta de criterios definidos genera, según Antúnez, preocupación: “Hoy estamos esperando. La Agencia Nacional nos manifestó esta mañana que están trabajando en un nuevo baremo. Esa es la respuesta de la Agencia Nacional”.
Ante esta situación sostuvo: “Es una incertidumbre para todos, para los equipos que están trabajando en este proceso de evaluación para nosotros, de las instituciones que nos vienen a consultar y también para las personas, porque no hay un procedimiento claro, porque en este proceso de cambio, al no establecer y no anticiparse a las situaciones, generás un nivel de incertidumbre enorme en personas que están en situación de vulnerabilidad y que ya desde hoy están con mucha incertidumbre porque no les llegan las cartas de documento, porque no pueden acceder a la información”.
Antes de analizar la medida, Antúnez aclaró la manera en la que enfrentan cada nueva decisión de la Agencia Nacional desde el Consejo Provincial: “Constantemente estamos tratando de actualizarnos con la información, sobre todo en estos últimos tiempos que han cambiado muchísimo constantemente”.
“En principio, para nosotros puede ser una puerta de esperanza de que se haya derogado la utilización de este modelo médico para la evaluación. Se utilizaban conceptos como idiota, imbécil, débil mental para referirse a personas con discapacidad intelectual en la evaluación; pero a la vez se da una baja de este decreto sin dar una alta de nuevos criterios. Entonces, lo que sucede es que las auditorías continuas quedan sin un criterio claro de evaluación. A partir de hoy, los médicos que están realizando las auditorías pueden tomar criterios propios porque tenemos un vacío legal hasta que la Agencia Nacional establezca un nuevo criterio médico más acorde y adecuado para las evaluaciones. Tiene su ventaja, pero también estamos en una situación de incertidumbre al no saber específicamente cuáles van a ser los nuevos criterios”, explicó Antúnez.
En este sentido, aclaró que, a pesar de la derogación “las auditorías continúan. Lo único que se deja sin efecto son los criterios médicos de la evaluación”. En este punto, especificó: “Se deroga ese decreto, pero lo demás sigue vigente. Esta mañana en una consulta a la Agencia Nacional, nos manifestaron que todo sigue de la misma manera, pero que la Agencia está trabajando en un nuevo Baremo. Para nosotros esto no garantiza la transparencia en el proceso de evaluación”.
En consecuencia, repasó “El Baremo anterior era bastante anticuado en algunos términos, obsoleto y también vulneraba ciertos derechos y, de alguna manera, al ser tan inflexible excluía a cierta población de esta evaluación, hoy no hay ningún criterio”.
Esta falta de criterios definidos genera, según Antúnez, preocupación: “Hoy estamos esperando. La Agencia Nacional nos manifestó esta mañana que están trabajando en un nuevo baremo. Esa es la respuesta de la Agencia Nacional”.
Ante esta situación sostuvo: “Es una incertidumbre para todos, para los equipos que están trabajando en este proceso de evaluación para nosotros, de las instituciones que nos vienen a consultar y también para las personas, porque no hay un procedimiento claro, porque en este proceso de cambio, al no establecer y no anticiparse a las situaciones, generás un nivel de incertidumbre enorme en personas que están en situación de vulnerabilidad y que ya desde hoy están con mucha incertidumbre porque no les llegan las cartas de documento, porque no pueden acceder a la información”.
(Fuente: Misiones Online)
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